Problemas con los habitantes de calle del bronx
El alto número de indigentes que deambulan por la ciudad demuestra la necesidad de revisar no solo las políticas para atenderlos, sino el alcance de las sentencias de la Corte Constiticional.
En las últimas semanas los habitantes de calle se han desplazado por diferentes sectores de la ciudad. El miércoles, un grupo que estaba en el caño de la avenida Sexta, terminó arrastrado por una fuerte creciente. Foto: Juan D.Barragán
Desde que la administración de Enrique Peñalosa decidió tomarse el Bronx para ponerle fin a la olla más temible de la ciudad, los habitantes de calle se han convertido en un asunto que parece no tener solución en Bogotá. Si bien estas personas son víctimas visibles de un oscuro negocio y de muchos problemas sociales, también han protagonizado disturbios y asaltos en varias zonas del centro. Entre tanto, su extrema vulnerabilidad quedó en evidencia esta semana cuando una creciente arrastró a un grupo que dormía en el caño de la avenida Sexta. Por fortuna, los bomberos lograron rescatarlos aguas abajo.
Cada vez más bogotanos se sienten atemorizados por su presencia en buena parte de la capital. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué la ciudad y la Policía no hacen algo para llevarlos a sitios de rehabilitación o prohibirles estar en algunos lugares? La razón principal está en la Carta Política de 1991 y en varios fallos de la Corte Constitucional. Estos, por un lado, sepultaron las normas que prohibían la vagancia o deambular y dormir en las calles; y, por el otro, ordenaron respetarles sus derechos, especialmente a su libre desarrollo de la personalidad. Eso significa que no pueden ser discriminados, llevados a la fuerza a centros de atención o reclusión ni imponerles tratamientos.
Sin embargo, parte de esta población es víctima pero también victimaria, ya que para mantener su adicción se ve obligada a cometer delitos y atentar contra los derechos de otras personas. Esas circunstancias están llevando a varios alcaldes, concejales, congresistas y ciudadanos a pedirle a la corte aclarar qué tan absolutos son los derechos y si no debe haber algunas excepciones.
Daniel Mejía, secretario de Seguridad del Distrito Capital, dijo que en algunos casos los habitantes de calle ponen en peligro su vida, debido a la excitación en la que están por las drogas, o porque tienen problemas mentales, o por ubicarse en ciertos lugares, como los que ocuparon el caño de la avenida Sexta. Pero no se les puede llevar en contra de su voluntad a un centro de atención médico o a un albergue para protegerlos mientras se recuperan o pasa la emergencia.
La situación es compleja, si se tiene en cuenta que según el censo de 2011 había 9.700 habitantes de calle, pero se estima que actualmente deben ser entre 12.000 y 14.000. Este alto número de personas que deambulan por las calles muestran que algo está fallando en las políticas y en la sociedad.
Ahora bien, además de pedir a la corte revisar sus sentencias, como hará Bogotá, también han aparecido otros elementos de
discusión por fallos del mismo tribunal o del Congreso. Por ejemplo, la drogadicción es considerada un problema de salud pública que debe atender el sistema de salud. ¿Pueden estas personas ser llevadas a sitios médicos de urgencias o, en caso de un diagnóstico de enfermedad mental, ser tratados o recluidos sin su consentimiento?
A la discusión también se suman otros interrogantes, como si es posible prohibirles permanecer en ciertos lugares, como ocurre con los vendedores ambulantes, o si los derechos de los habitantes de calle priman sobre otros colectivos, como los de comerciantes o estudiantes. De hecho, en las últimas semanas las autoridades capitalinas no han podido impedirles la libre movilidad a los indigentes, pero les han prohibido aglomerarse para evitar disturbios y para que los carteles de las drogas y los ‘sayayines’ no los usen para crear nuevas ollas.
Pero así como se requiere revisar la legislación y algunas sentencias, también es claro que se requiere que el gobierno trabaje y expida lo antes posible unas políticas y directrices para atender en forma integral al habitante de calle, con la finalidad de rehabilitarlo y lograr su inclusión social.
Pero así como se requiere revisar la legislación y algunas sentencias, también es claro que se requiere que el gobierno trabaje y expida lo antes posible unas políticas y directrices para atender en forma integral al habitante de calle, con la finalidad de rehabilitarlo y lograr su inclusión social.
En todo caso, la necesaria intervención del Bronx ha puesto a todos los bogotanos a hablar sobre unos ciudadanos que se encuentran en los márgenes de la sociedad y que constituyen un doloroso fenómeno social que, aunque existe desde hace tiempo, hasta ahora estaba fuera de la vista de los capitalinos.
